ASISTENCIA ANTE DIFUCLTADES FISCALES
El Gobierno otorgó a Santa Cruz un anticipo financiero de $100.000 millones
El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un anticipo financiero de $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz mediante el Decreto 161/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Noticias Argentinas difundió que la medida apunta a subsanar dificultades financieras transitorias que le impiden a la provincia afrontar sus gastos presupuestarios y el pago de deudas.
En la norma se detalla que Santa Cruz se encuentra, de manera temporal, imposibilitada de atender los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto y la amortización de deuda.
La provincia atraviesa un complejo escenario fiscal y financiero. En ese contexto, el gobernador Claudio Vidal intentó que la Legislatura declare la emergencia económica, financiera y administrativa en el sector público, con medidas como el congelamiento de salarios estatales, aunque la iniciativa no prosperó en medio de un clima de tensión social.
Ante esta situación, la administración provincial solicitó asistencia al Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo, con el objetivo de evitar una paralización en la ejecución presupuestaria.
El auxilio se enmarca en la Ley 11.672, que habilita al Estado nacional a otorgar adelantos sobre la coparticipación federal de impuestos.
El desembolso será de $100.000 millones y se concretará durante marzo de 2026. Se trata de un préstamo de corto plazo que deberá ser devuelto dentro del mismo ejercicio fiscal.
Los fondos devengarán un interés calculado sobre una tasa fija nominal anual del 15%. Para garantizar el recupero, la Secretaría de Hacienda podrá aplicar retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación que le corresponden a Santa Cruz hasta cubrir el capital y los intereses.
De este modo, el Tesoro Nacional descontará directamente los montos adeudados de los impuestos coparticipables antes de su transferencia a la provincia.
La Contaduría General de la Nación y la Tesorería General serán las encargadas de registrar la operación y supervisar el cumplimiento de las condiciones de devolución.
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